Haití: Las bandas tienen armas. Pero ¿quién sostiene el negocio?
Artículo basado en el video de Alec Corday: ¿Qué está pasando en Haití? Lo que revela el informe de la ONU basado en el Informe final del Panel de Expertos sobre Haití, documento S/2026/714, 8 de septiembre de 2026.
Cuando se habla del crimen organizado en Haití, tendemos a imaginar bandas armadas disputándose un puñado de calles en Puerto Príncipe. Esa visión no solo es limitada: impide entender la verdadera dimensión del problema.
Hoy no estamos frente a simples pandillas de barrio, sino ante estructuras capaces de paralizar carreteras, condicionar la distribución de alimentos y combustible, y dictar la rutina de comunidades enteras. En amplias zonas del país, la pregunta ya no es quién vigila las calles por la noche, sino quién decide si un camión de suministros puede pasar o cuánto cuesta mantener abierto un pequeño negocio.
Detrás de esa capacidad hay algo que a menudo recibe menos atención que los hombres armados: el dinero y las redes que permiten mantenerlos operativos.
No se trata de conclusiones de una investigación realizada por este medio. El informe final del Panel de Expertos sobre Haití, presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2026 (S/2026/714), documenta las actividades de las bandas, sus fuentes de ingresos y las conexiones que contribuyen a sostenerlas. Sus hallazgos permiten mirar más allá de los enfrentamientos que habitualmente ocupan los titulares.
De la fragmentación a las alianzas tácticas
La dinámica criminal en Haití no es estática. Durante años, la violencia estuvo fragmentada entre facciones rivales que luchaban por el control de zonas estratégicas. Bloques como el G9, asociado a Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y el rival G-Pèp dominaron buena parte de las noticias.
El panorama cambió cuando los intereses comunes pesaron más que las viejas rivalidades. La formación de la alianza Viv Ansanm —«vivir juntos»— permitió coordinar acciones contra las instituciones del Estado y ampliar la influencia de los grupos participantes.
Pero una alianza entre bandas no es precisamente un pacto de amistad.
El propio informe de Naciones Unidas describe enfrentamientos internos ocurridos durante 2026, motivados por disputas territoriales y por los ingresos que genera su control. En Cité Soleil y Croix-des-Bouquets, esas rivalidades volvieron a traducirse en violencia y desplazamientos de población.
El territorio representa dinero. Y cuando el dinero está en juego, las antiguas diferencias reaparecen con facilidad.
Algunos dirigentes criminales han intentado presentar sus acciones como una forma de resistencia frente al abandono estatal. Pero resulta difícil hablar de liberación comunitaria cuando una familia necesita permiso, y a menudo dinero, para atravesar una carretera.
La economía del control territorial
Haití depende de unas cuantas rutas nacionales para abastecer sus ciudades y mantener el comercio entre regiones. Quien controla esas vías puede influir directamente en la circulación de mercancías y personas.
La Carretera Nacional 2, que conecta Puerto Príncipe con el sur del país, es uno de los ejemplos de cómo la inseguridad afecta una ruta esencial. Los controles ilegales, los bloqueos y las amenazas encarecen el transporte y dificultan el abastecimiento.
El costo no termina en el camionero que paga una extorsión. Puede trasladarse al comerciante y, finalmente, a la familia que compra alimentos, combustible o medicinas.
Es una forma de impuesto que nadie ha aprobado y que nadie puede reclamar.
El informe de Naciones Unidas también describe cómo las bandas 400 Mawozo y Canaan han consolidado posiciones en el departamento del Centro, controlando localidades y rutas importantes hacia la frontera dominicana. Por esas vías circulan mercancías legales e ilegales, mientras los puestos de control proporcionan ingresos a los grupos armados.
La extorsión a comerciantes, los secuestros para obtener rescates y el control de actividades económicas completan un sistema en el que la violencia no es solamente un instrumento de intimidación. También es una fuente de ingresos.
No hace falta ocupar un ministerio para ejercer poder sobre una población. A veces basta con controlar la carretera por la que llega su comida.
La fachada y la red que la sostiene
Aquí encontramos una de las conclusiones más importantes del informe.
Los hombres armados son la parte visible de una estructura que necesita abastecimiento, recursos financieros, intermediarios y, en determinadas circunstancias, protección o colaboración de personas con influencia.
El Panel de Expertos señala que algunos actores políticos, económicos y de seguridad respaldan a las bandas cuando hacerlo favorece sus intereses. También advierte que las operaciones dirigidas únicamente contra los jefes criminales serán insuficientes si permanecen intactas las redes que facilitan sus actividades.
La observación merece atención.
Capturar a un dirigente puede representar un avance importante. Pero si continúan funcionando los mecanismos que suministran recursos y permiten obtener beneficios de las actividades ilegales, las condiciones para que aparezca otro dirigente siguen presentes.
Eso no significa que toda la clase política haitiana, ni mucho menos todo su sector empresarial, participe en estas actividades. Sería una generalización injusta. Muchos comerciantes y empresarios son víctimas de las mismas extorsiones que afectan al resto de la población.
También debemos distinguir entre los hallazgos de un panel internacional, las sanciones administrativas y las responsabilidades establecidas por un tribunal. No son lo mismo. Una persona mencionada en una investigación no queda automáticamente condenada por ello.
Pero sería igualmente equivocado ignorar las conexiones documentadas simplemente porque no todas han desembocado en procesos judiciales.
El problema haitiano no termina en las calles. Parte de sus raíces se encuentra en los mecanismos que permiten financiar y mantener la violencia.
Las armas no caen del cielo
Haití no dispone de una industria capaz de producir a gran escala las armas y municiones que utilizan sus grupos criminales. Sin embargo, estos siguen consiguiendo material suficiente para sostener sus actividades.
El informe S/2026/714 describe redes transnacionales de tráfico, adquisiciones ilegales de armas procedentes de Estados Unidos y desvíos de existencias nacionales. También documenta investigaciones, incautaciones y procedimientos judiciales relacionados con esos movimientos.
La República Dominicana aparece en este contexto por razones que merecen ser examinadas sin exageraciones ni silencios.
En sus párrafos 105 y 106, el Panel señala que las autoridades dominicanas no habían constatado oficialmente infracciones del embargo de armas en su territorio durante el período examinado. Al mismo tiempo, los investigadores documentaron desvíos de varios tipos de munición procedentes de existencias nacionales dominicanas, utilizadas principalmente por la banda 400 Mawozo.
El informe recoge, además, información facilitada por las propias autoridades dominicanas sobre la detención, en diciembre de 2025, de un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano en la provincia de San Juan de la Maguana. Ambos transportaban 1.516 cartuchos. Según el documento, el proceso judicial seguía en curso.
Son hechos que merecen atención y seguimiento. Pero no autorizan a concluir que exista una política de colaboración del Estado dominicano con las bandas haitianas.
Lo que sí ponen de manifiesto es la necesidad de vigilar tanto las redes internacionales de contrabando como los posibles desvíos de material bajo control nacional.
Hay otro aspecto que suele pasar inadvertido: un arma puede permanecer en circulación durante muchos años. La munición, en cambio, se consume. Su reposición es indispensable para mantener la capacidad de los grupos armados.
Por eso, interrumpir las cadenas de abastecimiento resulta tan importante como recuperar el territorio que controlan las bandas.
El costo social y el vacío institucional
Detrás de estas estructuras económicas y criminales hay una población que soporta sus consecuencias todos los días.
Según el informe de Naciones Unidas, entre octubre de 2025 y abril de 2026 murieron 3.165 personas y otras 1.551 resultaron heridas como consecuencia de la violencia armada. El documento precisa que una proporción importante de esas víctimas se registró durante operaciones de seguridad, mientras otra correspondió a ataques de las bandas.
No todas las muertes pueden atribuirse indistintamente a los grupos criminales. Esa distinción importa tanto para comprender la dimensión de la crisis como para evaluar las respuestas del Estado.
Pero las cifras, por sí solas, apenas permiten imaginar lo que significa vivir en esas condiciones.
Una escuela que permanece cerrada. Una familia que abandona su vivienda. Un pequeño comerciante que pierde sus mercancías porque no puede atravesar una carretera. Un niño que deja de estudiar y termina expuesto al reclutamiento por grupos armados.
El informe documenta el reclutamiento forzoso de menores, los desplazamientos y las dificultades crecientes para acceder a servicios esenciales.
En comunidades marcadas por la pobreza, la ausencia de oportunidades y la inseguridad, las bandas pueden aprovechar la vulnerabilidad de niños y adolescentes para incorporarlos a sus actividades. La coerción y el miedo también forman parte de ese proceso.
Recuperar el control policial de un barrio constituye un avance, pero no resuelve automáticamente lo que sucede después.
Si las escuelas no reabren, los servicios públicos no regresan y las familias siguen sin poder ganarse la vida, el vacío institucional permanece.
Y los vacíos, como demuestra la experiencia haitiana, rara vez permanecen vacíos por mucho tiempo.
Una realidad insular compartida
Para la República Dominicana, la crisis haitiana no es un acontecimiento distante. Ambos países comparten una isla, una frontera y relaciones económicas y humanas que no desaparecen por más difícil que resulte la situación política.
Proteger el territorio nacional, controlar el paso fronterizo y perseguir el contrabando son responsabilidades legítimas del Estado dominicano. También lo es investigar posibles irregularidades cuando aparecen indicios de desvíos de armas o municiones.
Pero conviene no confundir a las organizaciones criminales con la población haitiana.
Son precisamente los ciudadanos de Haití quienes soportan de manera más directa la extorsión, los desplazamientos, la interrupción de los servicios y la violencia cotidiana.
La seguridad dominicana y la recuperación de la estabilidad haitiana no son objetivos incompatibles. Por el contrario, una mejora duradera de las condiciones de seguridad e institucionalidad al otro lado de la frontera beneficiaría a ambos países.
Más allá del próximo jefe de banda
Durante años, buena parte de la atención internacional se ha concentrado en los dirigentes criminales, sus enfrentamientos y las operaciones destinadas a detenerlos.
Es comprensible. Son los rostros visibles de la crisis.
Pero el informe de Naciones Unidas obliga a plantear una pregunta menos espectacular y probablemente más importante: ¿qué ocurre con quienes hacen posible que esas estructuras sigan funcionando?
Mientras existan ingresos procedentes de la extorsión, redes capaces de suministrar armas y municiones, y personas dispuestas a facilitar las actividades criminales a cambio de beneficios, la caída de un jefe no garantizará el final de una banda.
La respuesta requiere seguridad, pero también instituciones capaces de investigar, controlar recursos, perseguir la corrupción y recuperar la actividad económica legal.
No será una tarea rápida. Y seguramente no producirá titulares tan llamativos como la captura de un dirigente criminal.
Sin embargo, el verdadero avance no llegará únicamente cuando caiga el próximo jefe de banda.
Llegará cuando un comerciante pueda abrir su negocio sin pagar extorsiones, cuando un camión de alimentos pueda recorrer una carretera sin negociar con hombres armados y cuando una familia pueda enviar a sus hijos a la escuela sin preguntarse primero quién controla el barrio.
En otras palabras, cuando los ciudadanos de Haití recuperen algo que nunca debieron perder: la libertad de vivir y circular por su propio país sin pedir permiso.
Fuente principal: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Informe final del Panel de Expertos sobre Haití, documento S/2026/714, 8 de septiembre de 2026.
Documento oficial: https://docs.un.org/es/S/2026/714
Nota editorial: Este artículo es un análisis de información publicada por Naciones Unidas. No constituye una investigación independiente sobre las personas o entidades mencionadas en los informes ni atribuye responsabilidades penales que no hayan sido establecidas judicialmente.
